Los jornaleros demandan a una ciudad californiana por prohibirles pedir trabajo en las calles.

Los Ángeles, 2 feb (EFE).- La Red Nacional de Jornaleros (NDLON) presentó hoy una demanda en contra de la ciudad de Costa Mesa, en California, por impulsar una ordenanza que prohíbe a las personas solicitar trabajo en lugares públicos.

En mayo 2005 el Concejo Municipal de Costa Mesa aprobó una ordenanza con la cual penaliza hasta con 1.000 dólares a las personas que soliciten empleo, contribuciones o realicen negocios de tal manera que obstaculicen las aceras o atraigan vehículos que al detenerse obstaculicen las calles.

En las aceras cercanas a las ferreterías de Costa Mesa, los jornaleros acostumbran esperar a que personas que necesitan de sus servicios les ofrezcan empleo en labores temporales.

"Esa ordenanza municipal va en contra de los derechos humanos universales", dijo a Efe Pablo Alvarado, presidente de NDLON.

"Porque desde nuestro punto de vista no hay ninguna ley en este mundo que le pueda negar a un padre ir a pararse a una acera o una calle para buscar trabajo para darle de comer a sus hijos", aseguró.

Una marcha de unos 100 jornaleros partió hoy por la mañana de la intersección de los bulevares Newport y Harbor, en Costa Mesa, para culminar en una conferencia de prensa frente a la alcaldía de dicha ciudad en donde se dio a conocer la querella legal.

La demanda interpuesta hoy ante la corte federal del distrito central de California, en Santa Ana, es a nombre de la Asociación de Jornaleros de Costa Mesa, junto al Colectivo Tonantzin en contra de la ciudad de Costa Mesa.

Los abogados de los demandantes son Thomas Sáenz y Gladys Limón por el Fondo México Americano para la Defensa legal y la Educación (MALDEF). Además de Belinda Escobosa Helzer y Chris Newman, por parte de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y NDLON, respectivamente.

Thomas Sáenz, presidente de MALDEF, dijo a Efe que "lo inhumano de la ordenanza de Costa Mesa es que fue diseñada para prevenir que la gente honesta consiga trabajo para proveer para las necesidades de sus familias que viven en la comunidad".

"Es una ordenanza inconstitucional diseñada para sacar a los jornaleros de las comunidades negándoles el derecho a trabajar en lo único que saben hacer", explicó.

Los abogados de los jornaleros destacan que anteriormente en 12 ciudades del país han sido implementadas ordenanzas similares; pero han sido retadas legalmente a nivel de las cortes federales.

"Por eso la expectativa nuestra es que con esta demanda vamos a repeler esta ordenanza en Costa Mesa, porque en todas las otras ciudades de California en que se han interpuesto querellas legales o se ha repelido totalmente las ordenanzas o se han cambiado sustancialmente", aseguró Sáenz.

Gabriela Trujillo, representante del colectivo Tonantzin, organización que apoya a los jornaleros destacó que a finales del 2009 policías vestidos como jornaleros detuvieron bajo diversas acusaciones a 12 trabajadores mientras buscaban empleo en las esquinas de la ciudad.

"Y los terminaron deportando", aseguró.

Por esa razón la mayoría de trabajadores en la marcha de hoy demostraron temor de dar a conocer sus nombres. Algunos de ellos se cubrieron los rostros con pañuelos o con las pancartas de protesta.

Bruno Pérez, de 43 años, mientras sostenía un cartel con la frase: "soy jornalero, no criminal", dijo a Efe: "lo que queremos es que la ciudad deje de mandarnos la policía, para meternos miedo, y que no nos dejen trabajar".

"Yo me vine de México porque quiero sacar a mi familia adelante y lo que quiero es que las autoridades sean justos con la gente que trabaja, porque nosotros no andamos robando o haciendo cosas malas, andamos buscando trabajo, nada más", finalizó.

Efe trató infructuosamente de obtener la reacción del Departamento de Policía y la abogada de la ciudad de Costa Mesa.EFE